Thursday, September 15, 2005

¿Responsabilidad social de las empresas o control democrático de las decisiones económicas?


La crítica global y la presión local: algunas propuestas.Resulta decisivo ser consciente de los riesgos para preservar la evolución de ATTAC hacia una radical democratización ciudadana y de la reapropiación por parte de los ciudadanos del funcionamiento de la sociedad. Debemos mantener y desarrollar la crítica global del capitalismo neoliberal, exigir el fortalecimiento de los derechos de las organizaciones sindicales, de las ONG de defensa de los intereses de los ciudadanos, de los productores y de los consumidores, reclamar a los poderes públicos la defensa del interés general en lugar de continuar con sus políticas de desregulación y de privatización, que enaltezcan los derechos sociales, que definan y fortalezcan las leyes y los mecanismos jurídicos nacionales e internacionales que garanticen el respeto de tales derechos.Sólo en este marco podrá desarrollarse la inclusión del tema de la responsabilidad social, ecológica y democrática de las empresas con el objeto de salir los discursos huecos sobre la RSE y de las piruetas publicitarias y obligarlas a ejercitar la transparencia sobre las condiciones sociales y ecológicas de sus actividades propias o subcontratadas en todo el mundo y preparar el terreno para la incorporación de regulaciones públicas para las mismas. Se trataría de desarrollar una estrategia de hostigamiento constructivo tomando al pié de la letra la virtuosas proclamas de los dirigentes y exigiéndoles su traducción en acciones concretas, evaluadas según indicadores objetivos establecidos y controlados pluralísticamente.La lucha por la responsabilidad social de las empresas, que debe diferenciarse de la fraseología sobre la RSE, podría salir muy bien de los estrechos marcos en que se pretende encerrarla; la fuerza de las ideas y de las aspiraciones democráticas no dará lugar a la manipulación si los movimientos sociales se adueñan del debate, formulan radicalmente sus términos10 y exigen transparencia y evaluaciones independientes de los resultados "societarios" de las empresas. ATTAC podría plantear en tal sentido una cierta cantidad de principios y de propuestas concretas que tendría por objeto:1. Exigir una mejor aplicación del derecho existente 2. Incorporar nuevos derechos para los trabajadores y los ciudadanos.3. Proveer informaciones confiables a los actores sociales y económicos (consumidores, otras empresas, sindicatos) y a los poderes públicos, con el objeto de apoyar las movilizaciones sociales y las políticas públicas.Es importante, ante todo, reafirmar la necesidad de aplicar rigurosamente las actuales leyes sociales y desarrollar nuevos derechos . En el marco de la refundación social el Medef quiere retrotraer la regulación pública ( leyes iguales para todos) en pro de una negociación social descentralizada, con sindicatos fragmentados y a menudo minoritarios. Los lobbies pro- RSE de las transnacionales desarrollan estrategias similares (cf. Johanesburgo) para producir cortocircuitos en las tentativas de regulación pública internacional.Contra la autorregulación de la actividad de las empresas, contra la regulación por parte de organismos privados opacos y captados por las empresas, contra la privatización del derecho y los patronazgos de las transnacionales con socios más o menos representativos e independientes, nosotros exigimos el fortalecimiento de la intervención pública, el control de los Estados y de las instituciones internacionales , primero para convertir en obligatorio el respeto a las convenciones de la OIT (con sanciones penales para las violaciones) y en hacer respetar simplemente los diferentes códigos laborales. Esto pasa de manera insoslayable por el fortalecimiento de los poderes y de los inspectores laborales, así como por la búsqueda de nuevos métodos a nivel europeo e internacional.Para favorecer la transparencia y la evaluación independiente del comportamiento de las empresas, apoyamos la definición de indicadores ambientales y sociales generales y obligatorios para aplicarlos a las empresas multinacionales, y permitan evaluar sus prácticas ambientales y sociales ( condiciones laborales y de empleo, derechos sociales, revisión de la precariedad y las subcontrataciones...) Se crearían o apoyarían instituciones ad hoc destinadas a elaborar indicadores y ayudar a los actores a ponerlos en marcha y para sostener a las ONG independientes (a condición de que funcionen transparente y democráticamente) encargadas de ayudar a los intervinientes y a los poderes públicos a asegurar la rigurosa aplicación de dichos indicadores.En Francia se podría comenzar por actualizar y especialmente a homogeneizar los indicadores del Balance social anual, obligatorio desde 1978 para toda empresa con más de 300 empleados11 y establecer la obligatoriedad de su publicación en Internet como así también el informe anual sobre la situación comparada de hombres y mujeres en la empresa, (obligatorio desde 1983 para toda empresa con más de 50 empleados) Los grandes grupos deberán incluir a sus subcontratistas dentro de estos balances. Por otra parte será necesario construir indicadores específicos para las PYMES.Para una mayor independencia y transparencia de los métodos y de los actores de la evaluación de los resultados de las empresas: quienes intervienen en el terreno de la responsabilidad social y ambiental (agencias de auditoria, oficinas de calificación, asesorías de inversiones, etc) no serán creíbles sino se independiza absolutamente su financiamiento de la financiación por parte de las empresas evaluadas. Lo muestra claramente la experiencia de los recientes escándalos financieros: los organismos de auditoria o de evaluación financiados por las transnacionales no podrían pretender exhibir confiabilidad democrática. Para asegurarla estamos convencidos de que será necesario crear instancias públicas nacionales e internacionales de evaluación ciudadana que podría de ese modo "etiquetar las etiquetas" En el nivel nacional esta instancia podría reunir, bajo la tutela de los poderes públicos, a los representantes de los principales actores involucrados, empresas, sindicatos, asociaciones y ONG, colectividades territoriales) y servir de centros de recursos y de experiencias para esos actores, con el objeto de mejorar la calidad y la comparabilidad de las evaluaciones.

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